Cualquiera que haya leído alguno de los artículos que he escrito en este blog sobre la escolarización, enseñanza, y educación de personas con discapacidad, o que me conozca profesionalmente, sabe que soy un férreo defensor de la inclusión educativa.

Llevo 28 años trabajando con niños y jóvenes con discapacidad, tanto intelectual, como sensorial o física, lo hago con personas que viven en al menos 5 países distintos en tres continentes y esto me ha permitido conocer el estado de la enseñanza y de la escolarización de personas con discapacidad en lugares y entornos muy distantes y muy distintos.

Insisto, soy un férreo defensor de la inclusión educativa, y lo soy a pesar de que puedo afirmar sin el más mínimo temor a equivocarme que la inclusión educativa, a día de hoy, abril de 2020, sigue sufriendo de gravísimas deficiencias.

Pero, más allá de mi experiencia, la propuesta de varios grupos parlamentarios (PSOE Y UNIDAS (SIC) PODEMOS) de reducir los colegios de enseñanza especial a una mínima función, limitando su existencia prácticamente a alumnos que requieran una «atención muy especializada» – tal y cómo aparece en la Disposición adicional cuarta del proyecto de la Ley de Educación – y una función de «centros de referencia y apoyo» resulta una absoluta ESTUPIDEZ, y una completa CANALLADA.

Los colegios de enseñanza especial hacen una labor encomiable, insustituible. Más aún, tal y cómo está la escolarización inclusiva hoy en día en España, cada vez estoy más convencido, muy a mi pesar, de que probablemente el futuro de la enseñanza de personas con discapacidad intelectual pase por una mejoría y una potenciación de los colegios de enseñanza especial.

Lo que puedo asegurar es que las administraciones públicas – ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno – está haciendo POCO o NADA por mejorar la enseñanza inclusiva, salvo crear legislación, burocracia y pedir evaluaciones e informes a personal altamente cualificado pero que se ve obligado a emitir dictámenes tras sucintas evaluaciones de niños a los que no conocen más allá del día de la evaluación, sin tener en cuenta la opinión, ni la capacitación, ni la implicación de los padres.

La frase de la disposición adicional cuarta asegurando que «El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas desarrollará un plan que, en el plazo de diez años … los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad» es, en el mejor de los casos una auténtica quimera. Pero es más realista decir que es EVIDENTE y absolutamente INNECESARIO.

Léase con detenimiento: perdón por repetirme, no creo que usted sea tonto pero es que es una trampa tan evidente, que puede pasar desapercibida:

¿Para qué dedicar diez años ¡DIEZ AÑOS! a «desarrollar un plan» ¡un plan!, cómo les gusta esa palabra a los políticos, «para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender a los alumnos con discapacidad»? ¿Para qué, si los centros de enseñanza especial YA TIENEN ESOS RECURSOS?, y si no los tienen, ¡dénselos! les aseguro que los profesionales de esos colegios saben perfectamente cómo utilizarlos.

Son ustedes, señores diputados, senadores y demás chupatintas de la política, los que no tienen ni idea de escolarización, enseñanza, ni educación y no tienen ni idea de qué hacer, salvo «hacer un plan».

Es un evidente atentado contra lo más sagrado en una sociedad después de la vida, que es la libertad.

Por supuesto ambos partidos tienen como bandera estar a favor del aborto de un bebé por el hecho de que su código genético no coincida con unos estándares que consideran «aceptables».

La defensa que hacen estos partidos del aborto de las personas con condiciones genéticas no estándar es la muestra más evidente y más clara de su nulo respeto y su desprecio absoluto por la vida de las personas con discapacidad intelectual.

No les importan una higa.

Pero una vez que la persona con discapacidad intelectual ya ha salido del vientre MATERNO y está en la tierra no puede ser eliminada y … habrá que educarla, pero … ¿quién debe ser responsable de su educación?

El 17 de enero de 2020 María Isabel Celaá Diéguez (Bilbao, 23 de mayo de 1949), ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, afirmó en la rueda de prensa que prosigue al consejo de ministros que: «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres«.

Este es el quid de la situación.

Desde la ideología de estos dos partidos – ideología comunista que caracteriza a la agrupación política Unidas (sic) Podemos y que está impregnando a sus socios de gobierno, el PSOE – debe ser el estado (al que confunden o sencillamente equiparan con el gobierno) quien tome las decisiones respecto a la educación de sus súbditos, ya que la educación, cuando se ejerce de manera eficaz, puede producir como resultado la libertad intelectual del ciudadano, y esto es inadmisible para ambos grupos parlamentarios.

¿Qué interés tienen estos políticos en la inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual? ¿Realmente buscan lo mejor para el alumno?

NO, en absoluto. Sus intereses son espurios.

El único interés que realmente les mueve es tener el control sobre la escolarización, la enseñanza y, en la medida que puedan, la educación de los niños, tengan o no discapacidad.

El proyecto de Ley de Educación que han presentado y de manera particular la disposición cuarta es un atentado contra la libertad de los padres a la libre elección de enseñanza y de escolarización de sus hijos. Ese el único interés que les mueve: tener el control de la escolarización, la enseñanza y, en la medida que puedan, la educación de los niños y reducir a la mínima expresión las capacidad de elección de los padres sobre la libertad de sus hijos.

Sí a la inclusión educativa, por supuesto, pero NUNCA, ¡JAMÁS!, A COSTA DE LA ENSEÑANZA Y LA ESCOLARIZACIÓN ESPECIAL.

Ambas formas son válidas y son necesarias.

Sí a la libertad de enseñanza. Sí a la libertad de los padres. Si a la libertad.

Señores políticos, saquen sus asquerosas manos de la educación.